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Friday, November 12, 2004

Mineria Peruana

La explotación minera, una de las principales actividades económicas de Perú, está bajo presión. El gobierno tiene gran parte de la culpa.

Pese a los altos precios de los metales, los últimos meses no han sido del todo buenos para la minería peruana. A fines de agosto, olas de protestas se levantaron tras la adjudicación en el sur de Perú del yacimiento de cobre Las Bambas por parte del Estado a Xstrata, una empresa domiciliada en Suiza y propiedad de Glencore, una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo.

Xstrata aceptó pagar por los derechos de explotación del depósito US$ 121 millones, tres veces el precio base marcado en la licitación. Las protestas las encabezó Conacami, una confederación que agrupa a comunidades afectadas por la minería en el país y que es apoyada por la organización no gubernamental (ONG) británica Intermon/Oxfam. Conacami acusa al gobierno de no tomar en cuenta los intereses de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto, que se ubica en una de las zonas de mayor pobreza de Perú.

En los mismos días, en el norte del país, miles de campesinos bloquearon carreteras y se enfrentaron violentamente con la policía en protesta por el inicio de los trabajos de exploración en Cerro Quillish por parte de Minera Yanacocha, uno de los principales productores de oro de Perú y controlada por la estadounidense Newmont Mining y la peruana Cía. de Minas Buenaventura. Cerro Quillish es una de las principales fuentes de agua de la zona y, en medio de la fuerte sequía que azota al país, la presencia de maquinarias allí exacerbó los ánimos de los campesinos. Yanacocha finalmente dejó en suspenso los trabajos de exploración en el lugar.

Estos incidentes se suman a la paralización el año pasado de Tambogrande, un proyecto minero de US$ 450 millones propiedad de la canadiense Manhattan Minerals ubicado también en el norte peruano, tras meses de enfrentamientos con los agricultores de la zona. El gobierno retiró finalmente la concesión del yacimiento a Manhattan.

¿Qué pasa con la minería en Perú? ¿Por qué esta ofensiva contra una de las principales atracciones del país para la inversión extranjera? Desde distintas posiciones, tirios y troyanos apuntan en una misma dirección para señalar al responsable: la negligencia del gobierno. “El Estado se ha retraído”, dice José Miguel Morales, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo del Perú, que agrupa a las empresas del sector. “La autoridad ha disminuido bastante y en ocasiones no se sabe con quién negociar”.

Del lado de las ONG, Manuel Pulgar-Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, tiene también un juicio duro sobre el papel del Estado. “Es un Estado sectorial, que no está organizado para organizar”, dice. “Eso le ha quitado representatividad y credibilidad”.

VISIÓN PERDIDA. Resulta paradójica la ofensiva que sufre el sector minero peruano. Tras un estancamiento de dos décadas, durante las que el Estado fue el actor dominante en el sector, la minería despegó en los 90 con las privatizaciones del gobierno de Alberto Fujimori. Ha sido la principal actividad receptora de inversión extranjera en los últimos años y la responsable central del fuerte incremento mostrado por las exportaciones.

Hoy Perú es uno de los principales productores de oro, zinc y cobre del mundo. No es exagerado afirmar que la minería es la columna vertebral de su fortaleza macroeconómica. Sin embargo, no goza de mucha popularidad entre los peruanos. No es un dato menor en un país donde los habitantes no se sienten beneficiados por las buenas cifras macroeconómicas y donde parte trascendental de la actividad minera se realiza en áreas en las que convive con actividades agrícolas y antiguas comunidades indígenas.

La crisis de los partidos, la debilidad política del gobierno del presidente Alejandro Toledo y su falta de capacidad de proyección a largo plazo –“No puedo planificar más allá de la punta de mis zapatos”, declaró hace un tiempo, cuando era ministro de Economía, el hoy ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría– hacen que las ONG canalicen el descontento social. En algunas ocasiones de forma anárquica, haciendo muy difícil la resolución de conflictos de intereses entre distintos actores productivos y sociales.

Los empresarios las acusan de pretender convertir las mesas de diálogo formadas para discutir los conflictos específicos en instancias vinculantes, sin importarles que las empresas cumplan con la ley. Las ONG, por su parte, cuestionan que los empresarios se empeñen en sostener que el simple cumplimiento de la ley es suficiente sin atender la opinión de las comunidades donde operan. En este conflicto, y con un Estado paralizado por sus debilidades y falta de visión, los canales de diálogo no son demasiado fluidos.

¿Cuál es la salida? Para Pulgar-Vidal, de la Sociedad de Derecho Ambiental, el gobierno debe afrontar la actividad minera con una visión más integral y acorde con el carácter prioritario que tiene para atraer la inversión. No es una quimera. En el caso del proyecto de gas natural de Camisea, el gobierno tenía el propósito de que saliera adelante y creó un grupo técnico multidisciplinario que coordinó y abordó todos sus aspectos, desde temas de salud hasta transporte y protección ambiental. “Organismos similares deberían crearse para el sector minero”, dice Pulgar-Vidal.

Las empresas, según Pulgar-Vidal, deberán evolucionar hacia modelos que generen riquezas alternativas y sustentables en el tiempo para las comunidades vecinas, como apoyar desarrollos forestales. Los empresarios, mientras, están de acuerdo en abrir canales con las ONG a través de un Grupo de Diálogo Minero. “Pero no debe ser de carácter vinculante”, señala Morales.

Las diferencias se mantienen, aunque hay un ligero avance. Y, al menos, las partes son conscientes de que, a falta de un gobierno con visión y capacidad, tienen que entenderse directamente para discutir las diferencias que las enfrentan. Allanar ese camino dará mejores aires.